La educación y las variantes del modelo boliviano de política social

Según Bobbio, el Estado de Bienestar (Wellfare State) garantiza 'estándares mínimos [...]como derecho político y no como beneficencia'(1), de allí nacen las políticas sociales,'que tienen impacto directo en el bienestar de los ciudadanos mediante el suministro de servicios o recursos. Es un instrumento del estado, eminentemente redistributivo del ingreso, por tanto debe cumplir una función compensadora de las desigualdades sociales'(2). Lo que llama la atención sen el país, son las variantes del modelo, según los criterios y según los niveles gubernamentales que lo implementen.

Los criterios de aplicación de políticas sociales

Los modelos de política social oscilan entre dos polos: el derecho ciudadano y la política redistributiva del ingreso en busca de equidad. Si se consideran ciertos beneficios sólo como derecho ciudadano, surge la pregunta ¿qué va a pasar cuando no hayan recursos para cubrirla? Hay el antecedente del Programa de trabajo de emergencia, PLANE con recursos de la cooperación extranjera, que una vez concluido fue reclamado hasta la caída de un gobierno. También se escucha voces en contra, porque se dice que en un país donde hay tantas necesidades de desarrollo, es un desperdicio repartir los recursos y que la mentalidad de la población se volvió 'rentista' y no productiva, finalmente se piensa que el derecho a recibir beneficios del estado debe ser restringida a los que más lo necesitan. De esa manera, por ejemplo, el bono Dignidad, ha ido cambiando de nombre y de montos desde su primera versión, llamada Bonosol(idario) -que era universal, es decir, igual para todos los ciudadanos-, ahora es repartido con el 25% menos a quienes perciben una renta de vejez, sea cual sea el monto que perciban y sin tener en cuenta que para ello han tenido que aportar a la seguridad social. Lo mismo sucede con las beneficiarias del Seguro de Salud, que no reciben el Bono Juana Azurduy de Padilla para madres gestantes y lactantes.

Pero también esta manera de redistribuir los recursos tiene sus desventajas: hace que un segmento de la población se sienta discriminado y penalizado. Como se dice comúnmente: no están todos los que son, ni son todos los que están.' por ejemplo, la merienda escolar y el bono Juancito Pinto que no reciben los niños de colegios fiscales que por su buen rendimiento están becados en los colegios particulares.

Sin embargo, desde el mes de mayo del presente año, hay una excepción, en el municipio de la ciudad de Potosí, donde se dijo:

Necesitamos que haya un concepto de igualdad, no puede ser que porque uno esté en colegio privado no va a tener derecho a un beneficio público (Potosí, 12 de mayo de 2009)

y 'a partir de este año, se incorpora a los estudiantes del nivel medio a este beneficio que, entre otras cosas, busca equilibrar el déficit calorífico que puedan tener algunos estudiantes que, por diversas circunstancias, a veces no suelen tomar su desayuno.' (Lunes 4 de mayo del año 2009 Potosí – Bolivia).

A favor de esta política de generalización de los servicios, se puede decir que crea el sentido de igualdad entre estudiantes, y al mismo tiempo de unidad, en una sociedad históricamente dividida en diversos estamentos.

Ahora bien, ¿de qué derecho se trata? ¿es el derecho a recibir lo mismo que los otros estudiantes? O bien ¿se da la merienda para que apoyando las condiciones físicas de los estudiantes puedan rendir mejor?, como corroboran maestros y directores de 14 alcaldías de los valles cruceños y el Chaco donde el sistema de desayuno o almuerzo escolar redujo la deserción escolar y mejoró el rendimiento,en ése caso, se diría que el derecho es el de acceder a una educación de calidad.

foto: La Razón, 05.04.2008


Políticas sociales según los niveles de gestión gubernamentales

Por lo que atañe a la educación, en Bolivia conocemos dos tipos: de gestión del gobierno central (Juancito Pinto y Juana Azurduy de Padilla); y de los gobiernos municipales, el desayuno y almuerzo escolar; recordemos que el municipio de El Alto fue el primero en otorgar un bono al primer año de escolaridad, y ahora tiene un programa de atención dental a escolares. Ambos tipos, aparentemente, no difieren de modelo.


Sin embargo, tanto si las políticas sociales se generalizan, como si se restringen por política redistributiva, en los municipios, según las leyes de municipalidades y de participación popular, deberían por ejemplo, ser evaluadas, con instrumentos y ciertos indicadores de logro de metas, es decir, con la participación legítima de la ciudadanía. Entonces, surgen otras preguntas sobre la declaración: El alcalde municipal, René Joaquino explicó que ya está listo para encarar este nuevo desafío de apoyo a la educación en su gestión, toda vez que el presupuesto para atender este requerimiento se incrementó de 7 a 10 millones de Bolivianos. ¿la preocupación del alcalde se reduce sólo al gasto en educación? ¿la ciudadanía va a dejar que los gobiernos municipales decidan sobre el porcentaje destinado a educación, que por ley debe ser hecho con participación de los representantes de los padres, maestros y directores de escuelas?

¿Conoceremos los resultados de todas las políticas sociales en educación?

Con el proyecto de Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez que se discute actualmente en el parlamento, las instancias de participación se ampliarían a todos los niveles gubernamentales, de esa manera podría haber transparencia sobre el manejo de los bonos de política social en educación, más allá del nivel municipal. Ojalá los medios de comunicación hagan conocer los resultados de las políticas sociales en educación, o al menos las declaraciones o el pensamiento de los actores de la participación popular o comunitaria -como ahora se la llama- en educación.

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(1) BOBBIO, Norberto y otros. Diccionario de política. Bogota: siglo veintiuno, 2005. 846 p

(2) MONTOYA, Cuervo, Gloria y otros. diccionario especializado de trabajo social, Medellín, Pág.104